Cuando Paula María García Villegas Sánchez Cordero tomó la palabra en un huerto comunitario del sur de la capital, no lo hizo como hija de la emblemática exministra y senadora Olga Sánchez Cordero.
Lo hizo como una mujer que ha dedicado casi tres décadas a navegar, construir y defender la justicia desde dentro del Poder Judicial mexicano.
Frente a un público joven y diverso, reunido en el Huerto Roma Verde durante un festival de arte y medio ambiente, la magistrada alzó la voz: “La justicia tiene que ser cercana… y su acceso se potencia cuando se aborda de forma ambiental”
En México, donde las instituciones judiciales suelen verse lejanas, inalcanzables y atrapadas entre el formalismo y la desconfianza, García Villegas representa un rostro poco común: técnico, sí, pero también empático.
Académica formada en la UNAM, economista por el ITAM y jurista con maestría en la London School of Economics, ha sido parte del entramado del poder judicial desde hace 28 años. Pero hoy, su nombre resuena con fuerza por una razón distinta: aspira a ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su candidatura ha desatado tanto entusiasmo como suspicacia. En una nación acostumbrada a leer la política a través de redes familiares y clientelares, su vínculo directo con la senadora Sánchez Cordero –primera mujer notoria en la Corte en los años noventa y luego figura clave en el gabinete de López Obrador– levanta preguntas sobre nepotismo.
Ella no evade el tema. “Quisiera que la ley contra el nepotismo se aprobara”, dijo con claridad en una reciente entrevista televisiva, dejando entrever la paradoja que vive: ser una mujer plenamente calificada y, al mismo tiempo, blanco de cuestionamientos por el apellido que lleva.
Quienes la han seguido en su carrera la describen como metódica, prudente, poco amiga de los reflectores. Desde su posición actual como magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ha perfilado un enfoque técnico y progresista, especialmente en temas de derechos humanos, medio ambiente y justicia digital.
Lo que ha distinguido a García Villegas en los últimos meses es su voluntad de salir de los muros del poder judicial y encontrarse con la ciudadanía.
Su presencia en el conversatorio del FAMAFEST 2025 no fue casual. En un país donde los temas ambientales suelen quedar relegados en el derecho, su mensaje fue contundente: no puede haber justicia social sin justicia ambiental.
“Las comunidades afectadas por megaproyectos, por contaminación, por despojos, no encuentran fácilmente vías de justicia. Nuestro reto es acercar la ley a esas realidades”, dijo ante activistas, estudiantes, vecinas y artistas.
Su interés en la justicia ecológica no es nuevo, pero cobra especial relevancia en un contexto global en el que los tribunales comienzan a ser un campo de batalla crucial en la lucha climática.
Países como Colombia o Países Bajos ya han dictado sentencias históricas que obligan a sus gobiernos a reducir emisiones o proteger ecosistemas. México, sin embargo, aún parece rezagado.
La historia de García Villegas se entrelaza con la del propio México: una nación donde las mujeres irrumpen en espacios de poder históricamente cerrados, donde los legados familiares se confunden con los méritos individuales, y donde la justicia está llamada a transformarse o a perder toda legitimidad.
Con las elecciones judiciales programadas para junio de este año, su nombre figura entre los más mencionados para sumarse al pleno de la Suprema Corte.
Pero su camino no será sencillo. Deberá convencer no solo a quienes toman decisiones dentro del Senado, sino a una opinión pública cada vez más crítica y atenta.
Si llega, será una ministra con una mochila cargada de expectativas: las de quienes reclaman imparcialidad, las de quienes exigen apertura, y también las de quienes creen que el derecho debe dejar de ser un código para iniciados y convertirse en un lenguaje de justicia real.
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