En los últimos meses, México ha sido testigo de un debate sin precedentes: la propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por Morena, que plantea la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde el discurso oficial, se presenta como un esfuerzo por “democratizar” la justicia; sin embargo, críticos la señalan como un intento de debilitar la independencia judicial y someter al Poder Judicial al vaivén de los intereses políticos.
La tensión no es menor: la Suprema Corte ha sido uno de los últimos contrapesos frente a iniciativas presidenciales, frenando leyes y proyectos que vulneraban derechos humanos y principios constitucionales. En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿qué implicaciones tendría esta reforma para la justicia ambiental y la defensa del derecho a un medio ambiente sano?
La SCJN y los tribunales federales han emitido fallos históricos en materia ambiental: desde la obligación de realizar consultas indígenas antes de aprobar megaproyectos, hasta la suspensión de obras con riesgos de deforestación o contaminación. Estas resoluciones han protegido tanto ecosistemas como comunidades enteras.
Pero la reforma abre la puerta a que los nuevos jueces y ministros respondan más a intereses políticos que a criterios jurídicos. En un país donde los megaproyectos energéticos, mineros y de infraestructura concentran fuertes intereses económicos, la independencia judicial se convierte en un pilar para garantizar que la ley no sea interpretada a conveniencia.
“Si se politiza el Poder Judicial, lo ambiental será uno de los primeros derechos en retroceder”, advierte un académico consultado por organizaciones civiles.
La renovación masiva de jueces y magistrados plantea un escenario incierto para casos ambientales que requieren continuidad, especialización y firmeza frente a presiones corporativas. Las comunidades que hoy interponen amparos para detener obras contaminantes podrían enfrentar tribunales menos receptivos y más alineados con proyectos oficiales.
Los riesgos principales son claros:
- Retrocesos en precedentes clave, como el principio de no regresión ambiental.
- Mayor discrecionalidad en la aprobación de megaproyectos, sin estudios de impacto rigurosos.
- Reducción de la protección a pueblos indígenas, al debilitar el cumplimiento de la consulta previa y vinculante.
En un país catalogado como uno de los más peligrosos para defensores ambientales, el Poder Judicial ha funcionado, aunque de manera imperfecta, como un respiro legal frente a la violencia y la impunidad. Sin un tribunal independiente, los litigios ambientales perderían fuerza y legitimidad.
Morena ha presentado la elección popular como una manera de “acercar la justicia al pueblo”. Pero críticos subrayan que, más que una democratización, esta medida representa un desmantelamiento de la justicia constitucional. Elegir jueces y ministros mediante campañas políticas expone al sistema judicial a financiamiento opaco y a presiones partidistas.
En el terreno ambiental, esto se traduciría en tribunales más vulnerables a las presiones de los grandes intereses extractivos y energéticos, lo que podría legitimar la expansión de proyectos cuestionados como el Tren Maya, refinerías o minas a cielo abierto.
El debate no es solo institucional. Está en juego la capacidad de las comunidades para defender sus ríos, bosques y territorios a través de mecanismos judiciales. Sin jueces independientes, la balanza se inclinaría aún más a favor del poder político y económico, dejando al ambiente y a los defensores en una situación de mayor vulnerabilidad.
México enfrenta una crisis climática, hídrica y de biodiversidad. En este contexto, debilitar al Poder Judicial no solo es una cuestión de gobernabilidad: es también un retroceso ambiental y democrático.
Hoy primero de septiembre, cambia la corte, y un gran parte de ella, donde llegan ministros con tesis plagiadas, ministras que votan en contra de sus mismas propuestas, ministras ligadas al partido en turno, y un presidente de la SCJN que dice ser “del pueblo” y que es “indígena”. La falta de veracidad en la contienda de la pasada jornada electoral, es aún misteriosa..
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