Lo que el gobierno presentó como un “diálogo abierto y transparente” sobre el Parque de Economía Circular se ha convertido en una crisis de relaciones públicas, tras revelarse la intención de incinerar residuos y la falta de estudios de impacto ambiental.

La fotografía oficial proyectaba consenso: funcionarios federales y activistas sentados a la mesa, dialogando sobre el futuro sustentable de México.

Sin embargo, menos de 24 horas después, la narrativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se ha desmoronado ante una contundente denuncia pública.

Greenpeace México ha acusado formalmente a la dependencia federal de orquestar una operación de “greenwashing institucional”, alegando que fueron utilizados para limpiar la imagen de la Secretaría frente al polémico proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo.

La organización ambientalista sostiene que la reunión, celebrada este miércoles, fue una simulación diseñada para legitimar un proyecto que contempla la incineración de plásticos y llantas, y que carece de los permisos ambientales fundamentales.

A través de sus canales oficiales, la Semarnat publicó una imagen de la reunión asegurando que se había mantenido un «diálogo abierto y transparente» donde se atendieron «cuestionamientos técnicos».

El comunicado gubernamental enfatizaba acuerdos futuros sobre la Ley General de Economía Circular y la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), proyectando una imagen de colaboración técnica.

No obstante, la versión de la sociedad civil describe un escenario radicalmente distinto.

«Solo nos invitaron para limpiar su imagen pública… se incluyó micrófonos y todo el tiempo se nos estuvo fotografiando», denunció Greenpeace en un comunicado, calificando la información presentada por el gobierno como «propaganda» carente de profundidad técnica.

El punto más alarmante revelado tras la reunión a puerta cerrada es la confirmación técnica del destino de los residuos en el Valle del Mezquital. Contrario a la imagen de reciclaje verde que evoca el término «Economía Circular», Greenpeace reveló que los funcionarios de Semarnat confirmaron que el proyecto se basará en la pirólisis.

La pirólisis implica la descomposición térmica de materiales a altas temperaturas. En términos prácticos, según alertan los expertos de la organización, esto confirma:

• La quema de residuos plásticos.

• La evaluación activa para la quema de llantas.

Este reconocimiento contradice la retórica de sustentabilidad, acercando el proyecto más a un modelo de incineración industrial que a uno de recuperación de materiales, encendiendo las alarmas sobre la calidad del aire y la salud pública en una de las regiones más contaminadas del país.

La controversia ha escalado al terreno legal e internacional. Durante la reunión, la Semarnat admitió un hecho administrativo grave: el proyecto carece de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

A pesar de no contar con este estudio crucial —que debe evaluar los riesgos acumulativos y sinérgicos del parque industrial—, el gobierno federal mantiene en pie una consulta pública programada para el próximo 14 de diciembre.

Expertos en derecho ambiental señalan que realizar una consulta sin brindar previamente la información técnica de los impactos (que solo provee la MIA) constituye una violación directa al Acuerdo de Escazú, un tratado internacional ratificado por México que garantiza el acceso a la información y la participación pública informada.

La organización ambientalista detalló que la convocatoria a la reunión se realizó con menos de 24 horas de antelación, una táctica que, según denuncian, busca «dar la impresión de que está incluyendo a diversos sectores» sin permitir un análisis sustantivo de los planes.

Esta denuncia se suma a las voces de las comunidades del Valle del Mezquital, quienes históricamente han sufrido la carga ambiental de la zona central de México y que, según los reportes, se oponen a la construcción de esta infraestructura bajo las condiciones actuales.

La ruptura entre la Semarnat y las organizaciones no gubernamentales parece ensancharse. Lo que comenzó como un intento del gobierno por mostrar inclusión ha terminado por exponer las grietas de un proyecto prioritario.

Al cierre de esta edición, la Semarnat no ha respondido a las acusaciones de simulación ni ha aclarado cómo pretende llevar a cabo una consulta pública legal el 14 de diciembre sin contar con los estudios de impacto ambiental requeridos por ley.

«Informar sobre decisiones tomadas no es tomar en cuenta a la sociedad», sentenció Greenpeace. La promesa de una transición ecológica en Hidalgo ahora pende de un hilo, atrapada entre la propaganda oficial y una realidad técnica que huele a plástico quemado.