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El Poder Judicial del Estado de Puebla ha puesto fin a la persecución legal contra Renato Romero Camacho, ratificando su inocencia y ordenando el archivo definitivo de la causa penal promovida por la empresa privada encargada de la gestión del agua, Concesiones Integrales S.A. de C.V.

La decisión, emitida este jueves por el Juez de Control David Rodríguez González, confirma que no existen elementos para procesar al activista, desmantelando la estrategia legal de la compañía que buscaba vincularlo a proceso criminal.

El caso de Romero se inscribe en una larga disputa por el derecho al agua en Puebla. Durante el último año, Romero se perfiló como una voz crítica contra las tarifas y la gestión de Concesiones Integrales.

La tensión escaló cuando la empresa, a través de su apoderado legal Iván Aldair García Patiño, inició acciones legales contra el activista. Esta maniobra fue interpretada por organizaciones de derechos humanos como un intento de utilizar el aparato judicial para sofocar la disidencia y desmovilizar la defensa del recurso hídrico en Cholula y la zona metropolitana.

El conflicto llegó a los tribunales bajo la carpeta administrativa 325/2025/CHOLULA. La defensa de la empresa buscaba que Romero fuera vinculado a proceso penal, una medida que habría restringido su libertad y marcado un hito negativo para el activismo local.

Sin embargo, el sistema judicial encontró inconsistencias en la acusación, El primer revés (7 de julio de 2025): El Juez de Oralidad Penal y Ejecución dictó inicialmente un «Auto de No Vinculación a Proceso», determinando que las pruebas presentadas por la empresa eran insuficientes para sostener un juicio.

La apelación: Inconforme, Concesiones Integrales apeló la decisión, llevando el caso ante la Décima Segunda Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.

El documento judicial al que tuvo acceso este medio confirma que la Magistrada Yrina Yanet Sierra Jiménez, en una resolución fechada el 28 de noviembre de 2025 (toca 32/2025), confirmó la resolución original.

En la audiencia de este 11 de diciembre, el juez Rodríguez González ejecutó dicha orden superior, estableciendo dos puntos resolutivos contundentes:

• Confirmación de Libertad: Se mantiene el Auto de No Vinculación a Proceso a favor de Renato Romero.

• Cierre del Caso: Al no existir trámites pendientes, se decreta el archivo de la carpeta judicial, dando el asunto por totalmente concluido.

Este fallo representa una victoria significativa para el movimiento socioambiental en Puebla. Desactiva, por el momento, la amenaza de cárcel para uno de los opositores más visibles a la privatización del agua.

Mientras la defensa de Romero celebra la resolución como un triunfo de la justicia sobre el poder corporativo, el precedente legal envía un mensaje claro: la protesta social y la defensa de servicios públicos no constituyen, por sí mismas, elementos suficientes para la persecución penal.