México entra a una nueva etapa política en medio de una realidad incómoda: la crisis climática ya no es una advertencia futura, sino una condición presente. Sequías prolongadas, temperaturas récord, incendios forestales y estrés hídrico están reconfigurando la vida cotidiana de millones de personas. En este contexto, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una de sus pruebas más complejas: traducir el discurso ambiental en resultados concretos.
Sheinbaum llegó a la presidencia con un perfil poco común en la política mexicana. Científica de formación, con experiencia en temas de energía y cambio climático, su trayectoria parecía anticipar una administración con una agenda ambiental más sólida que la de sus antecesores. Sin embargo, gobernar en un país profundamente dependiente de los combustibles fósiles implica navegar entre la urgencia climática y las inercias económicas.
México es uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático en América Latina. Más del 60 % de su territorio enfrenta algún grado de sequía recurrente, mientras que regiones costeras y del sureste son cada vez más vulnerables a tormentas intensas y aumento del nivel del mar. Al mismo tiempo, el país se mantiene entre los principales emisores de gases de efecto invernadero de la región.
Durante décadas, las políticas ambientales han avanzado de forma fragmentada: leyes ambiciosas, compromisos internacionales y programas piloto que, en muchos casos, no han logrado modificar la estructura energética ni el modelo de desarrollo.
Como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum impulsó proyectos que se convirtieron en referencia nacional: expansión del transporte eléctrico, fortalecimiento de la movilidad pública, inversión en eficiencia energética y recuperación de espacios verdes. Esos antecedentes alimentaron expectativas de un giro ambiental a escala nacional.
Desde el inicio de su administración, el gobierno ha reiterado compromisos clave: aumentar la generación de energías limpias, reducir emisiones y avanzar hacia una transición energética “ordenada”. La meta oficial de alcanzar alrededor de un 35 % de energía limpia para 2030 sigue sobre la mesa, al igual que la promesa de cumplir con los compromisos climáticos internacionales.
Pero el discurso ambiental convive con decisiones que generan tensión. El gobierno ha mantenido una fuerte apuesta por el gas natural y ha respaldado proyectos vinculados a los hidrocarburos, argumentando seguridad energética y soberanía nacional. Para críticos y organizaciones ambientales, estas decisiones retrasan la transición y consolidan una dependencia que el país debería estar reduciendo.
A ello se suma un problema estructural: el presupuesto ambiental. Aunque la narrativa oficial reconoce la gravedad de la crisis climática, los recursos destinados a mitigación, adaptación y protección de ecosistemas siguen siendo limitados. La mayor parte del gasto público se concentra en infraestructura y energía, dejando al medio ambiente en un segundo plano operativo.
El reto no es menor. Hablar de sustentabilidad implica transformar sistemas productivos, urbanos y sociales. Significa repensar cómo se produce la energía, cómo se mueve la gente, cómo se gestiona el agua y cómo se protege el territorio. Hasta ahora, los avances han sido desiguales: algunos proyectos emblemáticos conviven con rezagos persistentes en conservación, ordenamiento territorial y justicia ambiental.
Comunidades rurales, pueblos indígenas y zonas urbanas marginadas siguen siendo las más expuestas a los impactos climáticos, con menor acceso a infraestructura resiliente y servicios básicos.
El gobierno de Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada. Tiene el capital técnico y político para impulsar una agenda climática más ambiciosa, pero enfrenta resistencias económicas, limitaciones presupuestales y un modelo energético difícil de desmontar en el corto plazo.
El verdadero balance ambiental de su administración no se medirá solo por anuncios o compromisos internacionales, sino por decisiones concretas: cuánto se invierte, qué proyectos se priorizan y qué tan rápido México logra reducir su dependencia de los combustibles fósiles.
En un país donde el cambio climático ya está alterando el presente, la política ambiental dejó de ser un tema secundario. Para Sheinbaum, la crisis climática no es solo un desafío técnico, sino una prueba de gobierno. Y el tiempo, como el clima, juega en contra.
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