En una sentencia histórica y de profundo simbolismo político y ambiental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó esta semana a Greenpeace México, invalidando uno de los movimientos más polémicos de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador: la extinción del Fondo para el Cambio Climático, eliminada en 2020 junto con otros fideicomisos bajo el argumento de combatir la corrupción y centralizar el gasto público.

La decisión, avalada por mayoría en la Primera Sala de la Corte y con el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, no sólo representa una victoria jurídica para la organización ambientalista: marca un parteaguas en la defensa del derecho a un medio ambiente sano y el reconocimiento de las organizaciones civiles como actores legítimos frente a decisiones de Estado.

Por primera vez, un tribunal de máxima instancia en México determinó que el Estado no puede usar la «falta de recursos» como excusa para no combatir el cambio climático si previamente destruyó la estructura institucional que permitía hacerlo.

El Fondo para el Cambio Climático fue creado en 2012 como uno de los instrumentos clave para financiar acciones de mitigación y adaptación ante la crisis climática, en cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París.

Sin embargo, en octubre de 2020, fue eliminado junto con más de 100 fideicomisos por la mayoría legislativa de Morena, entonces alineada con la agenda de austeridad del presidente.

La extinción del fondo pasó casi desapercibida en el debate público. Pero Greenpeace, en un acto de persistencia institucional rara vez visto en el país, decidió emprender una batalla legal.

La organización argumentó que su eliminación violaba los derechos constitucionales al medio ambiente sano y a la participación ciudadana.

Aunque un juez de distrito inicialmente desechó el caso por supuesta falta de interés jurídico, un Tribunal Colegiado reconoció que Greenpeace sí tenía legitimidad para impugnar la decisión. Y el caso escaló hasta la Corte.

En su fallo, la Primera Sala consideró que la extinción del fondo fue una «medida regresiva», contraria a los principios de progresividad que rigen los derechos humanos, particularmente el derecho al medio ambiente.

Además, criticó que el Congreso no justificara de forma adecuada por qué eliminó un instrumento diseñado para cumplir compromisos internacionales de largo plazo, ni ofreciera una alternativa funcional y transparente.

La sentencia no obliga al gobierno a restituir el fondo, pero establece un precedente poderoso: cuando Greenpeace —u otra organización— exija acciones para mitigar el cambio climático, el gobierno no podrá ampararse en la inexistencia del fondo como argumento para no actuar.

Este fallo ocurre en un contexto internacional donde los litigios climáticos cobran cada vez más fuerza. Greenpeace, con sede en Ámsterdam y presencia en más de 55 países, ha librado en tribunales múltiples batallas similares, con resultados mixtos pero cada vez más significativos.

En 2021, en Países Bajos, Greenpeace y otras organizaciones celebraron un triunfo histórico cuando un tribunal ordenó a Shell reducir sus emisiones de carbono en 45% para 2030.

En Filipinas, la organización empujó una histórica investigación que concluyó que las principales compañías de combustibles fósiles podrían ser demandadas por violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, no todas las batallas han sido ganadas: en Canadá, Greenpeace perdió una demanda contra el gobierno federal por permitir perforaciones petroleras en el Ártico, y en Alemania su intento por detener la expansión de minas de lignito en Renania ha tenido avances limitados.

La resolución de la Suprema Corte mexicana no repara el daño causado por años de desmantelamiento institucional, pero ofrece un respiro, una grieta en el muro de decisiones unilaterales que han socavado la política ambiental del país.

También abre la puerta a nuevos litigios ambientales estratégicos en México, un país donde cada vez más comunidades y organizaciones recurren a los tribunales para defender su derecho a la vida, al agua y al territorio.

Aún falta camino. El amparo concedido a Greenpeace no impide que el gobierno federal niegue acciones climáticas con otros argumentos —técnicos, administrativos o ideológicos—, pero le arranca una excusa clave: ya no podrá esconderse detrás de la caja vacía que él mismo vació.

En un país donde la justicia ambiental suele llegar tarde o no llegar, esta sentencia resuena como un estruendo: el Estado mexicano ha sido puesto en su lugar. Y Greenpeace ha vuelto a demostrar que el activismo no sólo vive en las calles y en los mares, sino también en los tribunales.