El nombre de Elizabeth Guzmán Vilchis aparece en las boletas de la elección extraordinaria del Poder Judicial de Michoacán.
También aparece, con frecuencia, en los expedientes de denuncias vinculadas al crimen organizado y en los testimonios que rodean la desaparición y muerte del activista ambiental Homero Gómez González.
A cinco años del crimen que sacudió a México y al mundo, Guzmán Vilchis aspira a convertirse en jueza de Primera Instancia en materia penal. Lo hace desde una celda.
El 9 de abril de 2025, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Guzmán Vilchis en Valle de Bravo, Estado de México.
La exsíndica municipal de Ocampo está acusada de extorsión y de mantener presuntos vínculos con células del crimen organizado como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Correa, tres de los grupos que disputan con sangre el control del oriente michoacano.
Su detención, sin embargo, llegó demasiado tarde para ser eliminada del proceso electoral judicial. Las boletas ya estaban impresas.
Su fotografía y su nombre permanecen ahí, visibles para los votantes que acuden a decidir quién juzgará los delitos del estado. Y lo que pesa sobre su figura no es solo su relación con las mafias.
Para la familia de Homero Gómez, el guardián de la mariposa monarca que fue hallado muerto en un pozo agrícola en enero de 2020, Guzmán Vilchis representa algo peor: una sombra que nunca fue investigada a fondo.
El 13 de enero de 2020, Homero Gómez asistió a una reunión organizada por Elizabeth Guzmán en la comunidad de El Soldado, una localidad enclavada entre los bosques de pino y oyamel donde hibernan millones de mariposas monarca.
Era un evento político, como tantos otros. Horas después, Homero desapareció. Su cuerpo fue hallado dos semanas más tarde: flotaba en un pozo, con signos de traumatismo craneoencefálico y ahogamiento. Tenía 50 años.
Gómez González era más que un defensor del medio ambiente: era un símbolo de resistencia. Había denunciado la tala clandestina, protegido con su comunidad la reserva de Sierra Chincua y desafiado los intereses de quienes ven el bosque como botín. Su muerte encendió protestas en México y en el extranjero, pero la investigación se diluyó entre burocracias y silencios.
Desde el inicio, hubo rumores que señalaban a políticos locales, entre ellos a Guzmán Vilchis, como posibles responsables o cómplices por omisión.
Pero las investigaciones no avanzaron.
Con su nombre en las boletas del Poder Judicial, la pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que una persona señalada por crímenes graves, y actualmente en prisión, aspire a impartir justicia?
En Michoacán, el proceso de selección de jueces combina votación popular con evaluación de méritos. Pero las boletas judiciales se imprimieron antes de su detención. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) confirmó que, legalmente, no puede ser removida sin sentencia firme.
El caso expone una falla estructural: la incapacidad del sistema para frenar oportunamente a aspirantes con antecedentes oscuros o bajo investigación penal. “Es un golpe a la credibilidad del Poder Judicial”, dice una fuente dentro del propio tribunal que pidió el anonimato por temor a represalias.
Hoy, mientras su candidatura sigue vigente y su libertad está en manos de un juez, la figura de Elizabeth Guzmán Vilchis genera indignación. Para los colectivos ambientalistas, su postulación es una afrenta directa a la memoria de Homero. Para sus simpatizantes, es una víctima de persecución política.
Pero para muchos en Ocampo, la ecuación es simple: no se puede aspirar a ser jueza cuando se carga el peso de una muerte sin justicia.
La elección continúa. La mariposa sigue migrando. Pero la memoria de Homero no se borra, y su muerte sigue exigiendo respuestas que ni las urnas ni las instituciones han podido —o querido— dar.
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