Renato Romero Camacho, un activista ambiental ampliamente reconocido por su lucha contra la extracción industrial del agua en el centro de México, fue arrestado esta semana en el estado de Puebla bajo cargos de despojo agravado y daño en propiedad ajena. La detención ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos que consideran el caso un ejemplo más de la creciente criminalización contra defensores del medio ambiente en el país.
Romero, de 42 años, ha sido una figura central en el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres‑Oriental, una región ubicada entre los estados de Puebla y Veracruz que, en la última década, ha experimentado un rápido deterioro ambiental atribuido a la actividad de compañías agroindustriales y manufactureras.
En entrevistas previas con medios locales, Romero ha denunciado que empresas como Granjas Carroll —subsidiaria mexicana de Smithfield Foods— así como filiales de Coca‑Cola, Audi y Heineken, han recibido concesiones para extraer volúmenes masivos de agua subterránea, afectando el acceso al recurso por parte de las comunidades rurales. Según activistas locales, estas prácticas han contribuido a la escasez hídrica y a la contaminación de pozos comunitarios.
El activista fue detenido el 1 de julio en su domicilio en Puebla capital por agentes de la Fiscalía estatal. La orden de aprehensión lo vincula con una protesta realizada el 28 de mayo en el municipio de San Miguel Xoxtla. Sin embargo, según sus abogados, Romero no se encontraba en el lugar ese día y sostienen que las acusaciones son infundadas y de carácter político.
“El mensaje es claro: se busca intimidar y silenciar a quienes cuestionan el modelo de saqueo hídrico en la región”, afirmó en un comunicado el Colectivo en Defensa del Territorio de Libres-Oriental, uno de los grupos que trabaja de cerca con Romero.
Más de 50 organizaciones —entre ellas la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)— han exigido su liberación inmediata. En redes sociales, activistas han comenzado a utilizar la etiqueta #LibertadParaRenato, que se ha viralizado en los círculos ambientalistas y académicos del país.
Romero ha sido objeto de amenazas y hostigamiento desde al menos 2022. En 2024, dos jóvenes fueron asesinados durante una protesta pacífica contra Granjas Carroll, un hecho que, según colectivos locales, permanece impune. A raíz de este clima de violencia, Romero fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un programa gubernamental que ofrece medidas cautelares a activistas en situación de riesgo.
Las autoridades estatales no han emitido declaraciones públicas sobre la detención. La Fiscalía General del Estado de Puebla se limitó a confirmar que el proceso judicial continúa en curso.
La Cuenca Libres‑Oriental se ha convertido en un epicentro de disputas socioambientales en México. Con suelos fértiles, acuíferos profundos y una ubicación estratégica para el comercio internacional, la región ha atraído a múltiples empresas transnacionales. No obstante, activistas argumentan que los beneficios de esa inversión no se han traducido en mejoras sociales, y que los costos ambientales recaen desproporcionadamente en comunidades rurales e indígenas.
“Lo que está en juego aquí no es solo el agua —es el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios”, señaló una vocera de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs.
Por ahora, Romero permanece recluido en un penal estatal. Su audiencia inicial está programada para esta misma semana. De ser declarado culpable, podría enfrentar varios años de prisión.
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