Organizaciones civiles y activistas han lanzado un fuerte llamado a la destitución de Fernando Gual Sill, titular de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), acusándolo de actuar como “fachada institucional” para intereses privados y redes de tráfico de animales.

Según denuncias, Gual Sill ha ignorado sistemáticamente solicitudes de acceso a información pública sobre permisos, planes de manejo y traslado de animales en delfinarios, UMAs y PIMVS, lo que ha generado serias dudas sobre la transparencia de su gestión.  

Incluso se le señala de proteger delfinarios donde animales ciegos son explotados en espectáculos (como cargar turistas o besar visitantes), permitiendo que operadores como Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), sigan en libertad.

AZCARM ha denunciado públicamente que la DGVS asegura con su acción un ambiente permisivo para el tráfico ilegal, mientras paraliza proyectos legales de manejo y conservación. Esto favorece a redes clandestinas, impulsadas además por criterios “retroactivos” y opacos.

La abogada y activista Sofía Morín declaró en redes sociales, «Fernando Gual… es protector de los delfinarios y el tráfico de especies… persona clave para que gente como Ernesto Zazueta siga traficando con animales”.

Este tipo de declaraciones motivaron una manifestación pacífica el 18 de junio de 2025 frente a las oficinas de SEMARNAT en la CDMX, con la participación de Cultura sin Tortura MX, Empty the Tanks México y otros expertos en conservación. Buscan visibilizar lo que llaman un “obstruccionismo institucional” que pone en riesgo a diversas especies.

Los señalamientos contra Gual Sill se enmarcan en una problemática más amplia. En mayo de 2024, la SEMARNAT y la Función Pública desmantelaron una red de tráfico de especies dentro de la DGVS; de 13 funcionarios investigados, 12 renunciaron por irregularidades como falsificación de documentos y permisos ilegales para especies protegidas como pepino de mar, borrego cimarrón, rana pinta y aves acuáticas. 

Estas revelaciones encendieron alarmas sobre posibles conflictos de intereses entre autoridades y AZCARM. Incluso se mencionó que la exdirectora de Vida Silvestre, María de los Ángeles Palma Irizarry, se trasladó inmediatamente a una empresa vinculada a Zazueta tras dejar el cargo.

México alberga alrededor del 10 % de la biodiversidad mundial, y el tráfico de especies es considerado el cuarto delito organizado más lucrativo globalmente.

En esta dinámica, más de 700 especies están en peligro, y varias podrían colapsarse por la extracción indiscriminada desde hábitats naturales.

¿Qué está en juego?

• Bienestar animal: casos como delfines ciegos forzados a shows provocan indignación y cuestionan la ética gubernamental.
• Conservación y restitución ecológica: continuidad del tráfico puede causar daños irreversibles.
• Confianza pública: falta de respuesta institucional erosiona la credibilidad del gobierno y moviliza a la sociedad civil.

Demandas y posibles salidas

Los activistas exigen:

1. Remoción inmediata de Fernando Gual Sill.

2. Transparencia en la gestión de permisos y estatutos ambientales.

3. Impulso a políticas públicas éticas, científicas y orientadas a la conservación a largo plazo  .

También hay un llamado al Congreso para fortalecer campañas de concienciación ciudadana y mejorar vigilancia, especialmente en plataformas digitales.