Con la adopción oficial del Convenio sobre la Protección del Medioambiente mediante el Derecho Penal, Bruselas dio un paso fundamental hacia el reconocimiento legal del ecocidio, una noción que hasta hace poco era considerada radical o utópica.
Aunque la palabra ecocidio no aparece en las cláusulas operativas del tratado, el preámbulo la menciona explícitamente y las disposiciones sobre “delitos especialmente graves” reflejan fielmente su definición, tal como fue formulada en 2021 por un panel internacional de expertos convocado por la Fundación Stop Ecocidio. Este tratado, jurídicamente vinculante, es el reconocimiento más claro hasta ahora de que la destrucción sistemática de la naturaleza puede y debe ser considerada un crimen.
“Es un momento histórico. Por primera vez, Europa reconoce que la devastación ambiental deliberada debe tener consecuencias penales”, dijo Jojo Mehta, directora de Stop Ecocidio. “Este tratado acerca al mundo al día en que la destrucción de un ecosistema será juzgada como un crimen tan grave como el genocidio”.
El término ecocidio fue acuñado por primera vez en la década de 1970, en el contexto de la Guerra de Vietnam, cuando se documentaron los efectos devastadores del Agente Naranja sobre los bosques y la población. Sin embargo, durante décadas permaneció fuera del radar legal. Solo en los últimos años, gracias al impulso de juristas, científicos y movimientos sociales, ha comenzado a recibir atención como una figura jurídica viable.
Según el tratado europeo, los crímenes ambientales más graves incluyen aquellos actos que causen “daños irreversibles, generalizados y sustanciales” o “daños duraderos” a un ecosistema. Aunque redactado en lenguaje técnico, el alcance es claro: deforestación masiva, derrames tóxicos, minería destructiva, contaminación deliberada, armas químicas o nucleares, tráfico de especies protegidas y vertidos ilegales son conductas que podrían ser perseguidas penalmente.
Uno de los aspectos más innovadores del tratado es que no solo establece estándares legales mínimos para los delitos ambientales, sino que también exige sanciones penales para individuos y responsabilidad corporativa para empresas. Hasta ahora, muchas compañías han tratado los crímenes ambientales como riesgos financieros, pagaderos con multas. Con esta nueva normativa, el riesgo podría incluir cárcel.
Además, el convenio incluye disposiciones para proteger a defensores ambientales, denunciantes y comunidades afectadas, garantizando el acceso público a la información y a la justicia.
“Se reconoce que la defensa del ambiente no es una amenaza, sino un derecho”, declaró Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente. “Las leyes deben estar del lado de quienes lo arriesgan todo para proteger el planeta”.
El tratado no será inmediato. Para que entre en vigor, debe ser ratificado por al menos 10 Estados miembros del Consejo de Europa, incluyendo al menos ocho países miembros plenos del Consejo. Aún así, su existencia ya tiene valor simbólico y político.
El convenio se suma a una estrategia legal más amplia en el bloque europeo. En abril de 2024, la Unión Europea aprobó una nueva Directiva de Delitos Ambientales, que amplía el catálogo de crímenes y endurece las penas. Juntas, ambas herramientas consolidan a Europa como líder global en la búsqueda de justicia ambiental.
El tratado europeo también refuerza la propuesta presentada por varios Estados insulares del Pacífico para incluir el ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). De aprobarse, el ecocidio sería reconocido como el quinto crimen internacional, junto al genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
“La magnitud de la crisis climática y ecológica exige un nuevo marco moral y legal”, afirmó Philippe Sands, abogado internacional y uno de los redactores de la propuesta para la CPI. “El ecocidio debe ser castigado no solo porque destruye la naturaleza, sino porque atenta contra el futuro de la humanidad”.
El tratado también plantea preguntas incómodas. ¿Por qué se necesita un tratado penal para proteger algo tan fundamental como los ecosistemas? La respuesta está en el modelo económico dominante. Las principales actividades humanas responsables de ecocidio —como la deforestación masiva, la sobrepesca, la minería intensiva, la contaminación química o el uso de armas nucleares— son a menudo impulsadas por intereses económicos a corto plazo.
“Vivimos en una economía que convierte la destrucción en ganancia y la conservación en costo”, escribió la activista india Vandana Shiva. El nuevo marco legal europeo, al penalizar esta lógica destructiva, representa una ruptura cultural y jurídica.
Mientras el planeta enfrenta temperaturas récord, pérdida masiva de biodiversidad y catástrofes ambientales cada vez más frecuentes, la legislación europea envía un mensaje contundente: la destrucción ambiental intencionada ya no será tolerada.
No es solo una cuestión legal, sino también moral y civilizatoria. Europa, al dar este paso, se convierte en pionera de un nuevo pacto con la Tierra —uno en el que la vida, no la extracción, se coloca en el centro del derecho.
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