Su cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue localizado a un costado de la carretera libre Guadalajara–Tepic, en el kilómetro 40, a la altura de la comunidad Los Gallos Garden.

Ruiz, representante legal del colectivo La Cima Nuestra Prioridad, había encabezado una lucha vecinal para exigir la restitución del servicio de agua potable en el fraccionamiento La Cima, en El Arenal, donde residía.

La comunidad enfrenta una crisis hídrica desde 2022, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el suministro eléctrico al pozo comunal debido a una deuda millonaria atribuida a la empresa constructora.

La activista desapareció el 13 de abril, cuando un grupo de hombres ingresó por la fuerza a su domicilio y la privó de la libertad. Desde entonces, su familia, vecinos y organizaciones civiles mantuvieron una intensa campaña para dar con su paradero.

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) confirmó el hallazgo del cuerpo e instó a la Fiscalía del Estado de Jalisco a investigar el caso bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de derechos humanos, al tratarse de una persona defensora del derecho al agua.

“Reprobamos la desaparición y el asesinato de Karina Ruiz Ocampo, integrante de la asociación La Cima Nuestra Prioridad. Karina defendía el acceso al agua para su comunidad, y fue objeto de constantes amenazas por su labor”, expresó el IMDEC en un comunicado publicado en redes sociales.

El fraccionamiento La Cima, una zona residencial en el municipio de El Arenal, ha vivido desde 2022 una crisis por la falta de agua potable. La raíz del problema se remonta incluso a 2012, según denuncias de vecinos, pero se agravó con el corte eléctrico al pozo que abastecía a la comunidad.

Ruiz Ocampo se convirtió en portavoz de los reclamos vecinales. Encabezó movilizaciones, denuncias públicas y transmisiones en redes sociales donde documentaba la situación.

El 23 de marzo pasado, lideró una protesta en la que habitantes bloquearon el acceso principal a El Arenal para exigir soluciones urgentes. Fue su última aparición pública.

Poco después, comenzaron a circular audios y publicaciones en redes sociales en los que se le amenazaba directamente. La activista habría considerado abandonar su labor, pero persistió.

Ni las quejas presentadas ante el Congreso de Jalisco ni las intervenciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lograron una solución efectiva al problema.

Mientras tanto, Ruiz y su comunidad continuaron presionando, hasta que su desaparición estremeció a la región.

Organizaciones como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y IM-Defensoras condenaron el crimen y demandaron una investigación exhaustiva. “Es inadmisible la violencia contra personas defensoras en Jalisco. El asesinato de Karina se suma a otros cuatro crímenes contra activistas en lo que va del año”, subrayaron.

Las agrupaciones también exigieron garantías inmediatas para la familia de Ruiz, que ha sido objeto de amenazas, y para los miembros del colectivo que ella lideraba.

“Que su asesinato no quede en la impunidad. Que se reconozca su labor como defensora del derecho humano al agua y se castigue a los responsables. Que se proteja a quienes continúan esta lucha”, concluye el pronunciamiento conjunto.

Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio. Se trata del tercer caso de este tipo en la entidad en lo que va del mes de mayo. No se han anunciado detenciones ni avances sustanciales.

El cuerpo de Karina Ruiz fue identificado por características visibles como el tono de cabello y un tatuaje distintivo. La confirmación oficial llegó días después del hallazgo.

En La Cima, sus vecinos la recuerdan como una mujer valiente, firme y profundamente comprometida con su comunidad. Su lucha, dicen, no debe quedar enterrada junto a su nombre.