Ruiz Ocampo, madre, vecina y activista, fue durante años la voz más visible de La Cima Nuestra Prioridad, una organización comunitaria que exigía el restablecimiento del suministro de agua potable para los habitantes del fraccionamiento La Cima, donde vivía.
Desde 2022, el pozo que abastecía a la comunidad dejó de funcionar luego de que la Comisión Federal de Electricidad cortara la energía por una deuda millonaria atribuida a la constructora. Karina lideró protestas, entregó demandas y realizó transmisiones en vivo para denunciar el abandono institucional. Su activismo la hizo blanco de amenazas constantes.
El 13 de abril, fue vista por última vez luego de que sujetos armados irrumpieran en su hogar y se la llevaran por la fuerza. Su desaparición fue ampliamente difundida por su colectivo, familiares y organizaciones nacionales de derechos humanos. Tres semanas después, su cuerpo fue localizado en estado de descomposición en una zona rural del municipio de Amatitán.
“Es inadmisible la violencia contra personas defensoras en Jalisco. El asesinato de Karina se suma a cuatro casos más en lo que va del año”, denunció el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
Las autoridades estatales confirmaron que investigan el caso bajo el protocolo de feminicidio y como un crimen en contra de una defensora de derechos humanos.
Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer decidida, valiente y profundamente comprometida con su comunidad. “Ella no pedía privilegios, solo agua para vivir con dignidad”, dijo una vecina durante una vigilia en su honor.
El legado de Karina Ruiz Ocampo sobrevive en la lucha de su comunidad, que ahora exige justicia no solo por su asesinato, sino por el derecho al agua, una causa que ella defendió hasta el final.
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