Las concesiones de agua ya no podrán transferirse entre particulares, según la iniciativa presentada por el gobierno federal el 1 de octubre de 2025. La propuesta contempla una nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, orientadas a consolidar la rectoría del Estado sobre el uso del recurso hídrico.
Durante la conferencia matutina, Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), afirmó: «No será posible transmitir concesiones entre particulares. Se elimina totalmente esta figura». La medida busca impedir la compraventa de títulos entre privados, establecida desde la reforma hídrica de 1992.
A partir del nuevo marco normativo, los títulos ya otorgados no podrán heredarse, venderse o cambiar de uso sin ser devueltos y reexpedidos por la autoridad. Esto aplicará en casos de sucesión, compraventa o modificación del propósito original de la concesión. El proceso será abreviado si se acredita legalmente la validez, origen y destino del traspaso.
Otro eje central de la propuesta es la creación de un Registro Nacional del Agua, diseñado para unificar y depurar los datos dispersos en tres sistemas actuales. La revisión permitirá mayor trazabilidad y control sobre los títulos activos, así como transparencia en la actuación de servidores públicos involucrados en los trámites.
Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la presidencia, subrayó que el agua será reconocida exclusivamente como derecho humano: «El agua es un derecho humano, no es un privilegio. Es una fuente de vida, no es una mercancía». Esta definición estará incorporada en la ley como principio rector, junto con la promoción del acceso equitativo y la protección de cuencas.
La propuesta también contempla sanciones más severas para quienes incurran en extracción ilegal o mal uso del recurso. Morales informó que «se contemplan desvíos (…) y se incrementan penas que van de 1 a 10 años de prisión». Estas penalidades serán mayores en los casos donde participen servidores públicos en funciones activas.
Un fondo de reserva de aguas nacionales, administrado por CONAGUA, almacenará volúmenes recuperados por cancelación, vencimiento o devolución de concesiones. Desde allí se reasignarán de acuerdo con prioridades técnicas o necesidades sociales.
Además, el documento normativo propone lineamientos para fomentar la captación pluvial en proyectos públicos y privados. Incluirá el diseño de una Estrategia Nacional Hídrica para planear y evaluar políticas a largo plazo. Asimismo, se reconoce el papel de comunidades en la gestión local sin fines de lucro.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sostuvo que el nuevo marco legal busca restablecer el orden institucional sobre un recurso escaso: «El agua es de la nación, es concesionable, pero de manera ordenada, eficiente y que permita garantizar el derecho humano al agua».
Finalmente, la iniciativa será enviada al Congreso en los próximos días. Según los expositores, las medidas fueron elaboradas tras foros regionales donde participaron representantes de gobiernos locales, sectores productivos, académicos y comunidades indígenas.
NotiPress/Judith Moreno
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