Habitantes de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Calpan y otras localidades nahuas han protagonizado desde marzo de 2024 protestas, bloqueos y manifestaciones para impedir la operación o reapertura de un relleno sanitario intermunicipal operado por la empresa PRO-FAJ Hidro Limpieza.
Los vecinos denuncian que este vertedero –a veces llamado “basurero de la muerte” por sus críticos– lleva años contaminando mantos freáticos y dañando la salud comunitaria.
En la Primera Asamblea de los Pueblos Cholultecas (14 de mayo de 2024) decretaron por “ecocidio” la clausura definitiva del sitio y prohibieron cualquier nuevo proyecto de desechos en la región, especialmente el energético PIM.
Desde entonces, las protestas han incluido plantones permanentes y marchas. El 21 de marzo de 2024 instalaron un campamento en la entrada del relleno, cortando el paso a unas 680 toneladas diarias de basura (que llegaban incluso de Oaxaca y la Ciudad de México).
Gracias a esa resistencia lograron contener el ingreso de los desechos que vertían lixiviados tóxicos en su región.
La movilización se extendió hasta la Ciudad de México: el 11 de junio de 2024, habitantes de 27 comunidades cerraron avenidas frente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para exigir “la clausura definitiva del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula”.
Durante esas protestas los manifestantes advertían sobre los niveles “brutales” de contaminación en las fuentes de agua locales, según estudios científicos, y el crecimiento de leucemias en municipios vecinos como San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. Por ello exigen el retiro del tiradero y la reparación de daños al medio ambiente.
Las protestas han chocado con la fuerza pública. Tras una clausura temporal ordenada por Profepa (abril 2024), elementos policiacos de varios municipios intentaron reabrir el 30 de abril el basurero.
Los vecinos repelieron esa operación: resultaron “víctimas de disparos con arma de fuego” durante el enfrentamiento. Posteriormente organizaciones comunitarias han denunciado amenazas e intimidaciones.
El 21 de septiembre de 2024, trabajadores de la CFE acompañados por unos 20 policías antimotines acudieron con equipo pesado para reconectar la electricidad del relleno, a pesar de los sellos de clausura, e intimidaron a quienes resguardaban el plantón.
Los defensores del agua reportan que esas acciones fueron orquestadas por autoridades municipales y estatales en contubernio con la empresa, y que violan acuerdos previos.
En abril de 2025, los vecinos recordaron la violencia vivida con un “carnaval contra la violencia estatal” bajo el lema “¡La represión del 30 de abril no se olvida!”.
En el centro del conflicto están los impactos ambientales. Denuncian que el relleno sanitario está situado sobre mantos freáticos y tierras agrícolas, por lo que contamina el agua y la tierra de cultivo.
Los líderes locales advierten que “los mantos acuíferos están a menos de 40 metros” de profundidad, y que miles de cholultecas dependen de ese agua: “El agua es cultura y vida de nuestros pueblos”, alertaron en un pronunciamiento.
Estudios científicos respaldan sus temores: un informe del Conacyt (abril 2024) ubicó a varios municipios cholultecas (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Ocoyucan, entre otros) con las tasas más altas de mortalidad por leucemia aguda en el país. Para la población local, el basurero es un foco de infección insostenible.
En sus pronunciamientos advierten “No aceptaremos la reapertura del basurero de Cholula con otro nombre… porque el foco de infección ya es grande y ha filtrado los mantos acuíferos”. Además del riesgo sanitario, el conflicto tiene trasfondo cultural y territorial: las comunidades cholultecas, históricamente nahuas, reivindican su derecho a la autodeterminación y al respeto de sus usos y costumbres (emitieron decretos comunitarios al respecto).
Rechazan que el basurero sea impuesto como un negocio político-empresarial. Voces locales han denunciado la influencia del político Cuauhtémoc Ochoa (llamado “Rey de la Basura”) –hoy senador– en el proyecto, y han calificado de corruptos a quienes lo promueven, afirmando en asambleas: “¡los pueblos cholultecas no somos basurero de sus negocios corruptos!”.
Las autoridades estatales y municipales han tratado de mediar el conflicto. En marzo de 2025 la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla se reunió con representantes comunitarios y acordó que “el gobierno del estado de Puebla no instalará ningún… relleno sanitario en la región de San Pedro Cholula y Calpan”.
También se comprometieron a colaborar en medidas de mitigación, restaurar áreas afectadas y elaborar un plan de abandono del sitio. Sin embargo, los pobladores se mantienen en el campamento hasta ver cumplidos los acuerdos.
“No confiamos cien por ciento en el gobierno”, aseguró un defensor del agua local (Miguel López Vega), y exigió pruebas tangibles de remediación antes de levantar la protesta.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta ha propuesto técnicamente reactivar el relleno convertido en “Centro de Transformación de Residuos”, pero los opositores lo comparan con promesas previas fallidas: recuerdan que en 2016 se prometió tratar 200 toneladas diarias con separación de orgánicos, pero la empresa terminó recibiendo más del triple (600 toneladas) sin procesarlas.
Debido a ello los líderes exigen no sólo el cierre sino la remoción total de la maquinaria y el saneamiento del sitio. “Es el mismo foco de infección con otro nombre”, insisten los voceros, y llaman al cierre definitivo del basurero y a sancionar a los responsables.
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