La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, realizó este lunes una visita oficial a Sonora para evaluar de primera mano los avances en los trabajos de restauración ambiental tras el derrame tóxico de 2014 en el Río Sonora, uno de los peores desastres ecológicos en la historia reciente del país. Acompañada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Bárcena también recorrió proyectos clave de recuperación de espacios públicos en Hermosillo.
Uno de los puntos destacados de la jornada fue el recorrido por el Bosque Urbano La Sauceda, un espacio que, tras años de abandono, se ha convertido en símbolo de regeneración ecológica y cohesión social. Allí, el mandatario estatal subrayó el valor de las políticas públicas que transforman el abandono en bienestar colectivo:
“Este parque es prueba de que sí se puede. Cuando hay voluntad política y compromiso social, los espacios públicos pueden renacer y convertirse en pulmones urbanos que dignifican la vida de las familias”, señaló Durazo.
Además del recorrido, Bárcena encabezó una reunión técnica con los Comités de Cuenca del Río Sonora, en la que participaron representantes de la CONAGUA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), autoridades de salud y el propio gobernador.
Durante el encuentro, se presentaron avances en la remediación de las aguas y suelos contaminados, así como en la provisión de agua potable y atención médica para las comunidades afectadas por el derrame de sustancias tóxicas ocurrido en agosto de 2014, cuando el Grupo México vertió más de 40 millones de litros de lixiviados al río.
La secretaria Bárcena afirmó que el gobierno federal mantiene firme su compromiso con la justicia ambiental, una prioridad que —dijo— exige reparar el daño ecológico pero también restaurar la confianza de las comunidades:
“Estamos avanzando hacia una política ambiental centrada en las personas. No sólo se trata de limpiar ríos o suelos, sino de devolverle a la gente su derecho a vivir en un ambiente sano y seguro.”
Funcionarios federales y estatales coincidieron en que el proceso de restauración debe ser integral, con una visión de largo plazo que articule ciencia, técnica, participación comunitaria y voluntad política. Las labores, dijeron, se desarrollan con la coordinación de SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y el gobierno estatal, bajo la premisa de que la reconstrucción ecológica debe ser también una reconstrucción de justicia.
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