En una decisión que ha generado alarma entre científicos, aseguradoras y ambientalistas, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) anunció el retiro de su base de datos de desastres climáticos de mil millones de dólares, un registro histórico que desde 1980 ha permitido cuantificar el costo humano y económico del caos climático en Estados Unidos.
La decisión, ejecutada bajo el gobierno de Donald J. Trump, implica que esta herramienta —utilizada durante décadas por medios de comunicación, investigadores y el propio Congreso— ya no se actualizará a partir de 2024.
NOAA afirma que la base de datos será archivada, pero, en la práctica, su descontinuación podría borrar del mapa público un pilar clave para entender la creciente factura del calentamiento global.
NOAA atribuye el recorte a una reducción de personal. Pero detrás de ese argumento administrativo se esconde una narrativa más preocupante: el retiro sistemático de herramientas que ayudan a la ciudadanía a entender cómo el cambio climático, alimentado en gran parte por los combustibles fósiles, está haciendo que vivir en ciertas partes de Estados Unidos sea más caro, más peligroso, y en algunos casos, insostenible.
El desmantelamiento de esta base de datos no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de decisiones tomadas por la administración Trump para debilitar la infraestructura científica del Estado.
Desde su llegada al poder, Trump ha eliminado regulaciones ambientales, silenciado agencias científicas y desfinanciados centros de investigación clave. Ahora, le ha llegado el turno a una de las bases de datos más utilizadas del gobierno para explicar —con cifras— el verdadero costo del cambio climático.
La base de datos documenta 403 eventos climáticos y meteorológicos en Estados Unidos que han costado al menos mil millones de dólares desde 1980, acumulando pérdidas por más de 2.9 billones de dólares. Incendios forestales, inundaciones, huracanes y tormentas severas conforman ese inventario.
Tan solo en 2023, el país batió su propio récord con 28 eventos catastróficos que superaron esa cifra. En la última década, el promedio anual se ha disparado de 9 a 24 desastres multimillonarios. ¿Coincidencia? Difícil de creer.
“No es solo una hoja de cálculo”, dijo Jeremy Porter, jefe de implicaciones climáticas de First Street, una firma de modelado de riesgos financieros. “Este recurso contiene datos privados y metodologías estandarizadas que no pueden ser replicados sin millones en financiamiento y acceso exclusivo. Sin ella, la vigilancia independiente del daño climático queda virtualmente ciega”.
Más allá de las cifras
La eliminación de esta base llega en un momento crucial. Investigaciones recientes muestran que el cambio climático está amplificando la intensidad y frecuencia de ciertos eventos extremos.
Aunque NOAA aclara que su base de datos no se enfoca en atribuir eventos al cambio climático, la tendencia es innegable: desastres más frecuentes, más intensos y más costosos.
Swiss Re, una de las mayores aseguradoras del mundo, proyecta que las pérdidas aseguradas globales en 2025 alcanzarán los 145 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual de entre 5 y 7 %. La ciencia, los mercados y los ciudadanos están viendo la misma tormenta formarse en el horizonte. Pero el gobierno ha optado por cerrar las persianas.
Este retiro no ocurre en el vacío. NOAA también está terminando otros programas de monitoreo climático, reduciendo personal y, según informes, la Casa Blanca planea cerrar laboratorios enteros de investigación. La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2026 reduciría el financiamiento de la agencia en un 24 %.
El Servicio Meteorológico Nacional ya ha recortado servicios por falta de personal. Expertos temen que Estados Unidos pierda no solo herramientas, sino capacidad de anticiparse a desastres, justo cuando más las necesita.
Mientras el país se enfrenta a incendios forestales más voraces, inundaciones más destructivas y temporadas de huracanes más intensas, la decisión de silenciar esta base de datos plantea una pregunta difícil: ¿Quién gana cuando se entorpece el acceso público a los datos?
En lugar de reforzar el conocimiento colectivo sobre cómo enfrentar una crisis climática en expansión, el gobierno opta por apagar las alarmas. Y en ese silencio, la población queda más sola, más vulnerable, y menos preparada.
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