Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Javier Milei promovió la educación a ‘servicio esencial’, poniéndolo a la par de servicios como el control de tráfico aéreo, energía eléctrica y gas, distribución de agua potable y servicios sanitarios y hospitalarios. Ser esencial o no, marca una diferencia y esto se enmarca en responsabilidades a partir de acuerdos internacionales.

La clasificación de la educación mediante el DNU introduce el concepto de «importancia trascendental» y en esta categoría, sin bien no se menciona la palabra ‘calidad’, establece que el servicio educativo debe darse sin interrupciones, garantizando la prestación del 75 por ciento. El DNU 70/2023 denominado «bases para la reconstrucción de la economía argentina» del 20 de diciembre de 2023, establece en su capítulo IX, artículo 97, la educación se considera servicio esencial y de importancia trascendental.

A partir de esto, se desató un debate alrededor de la constitucionalidad de la clasificación en la categoría de servicio esencial debido a la restricción que esto genera para ejercer un derecho a huelga. La Confederación de trabajadores de la educación de la República Argentina (CTERA) repudió la medida de Milei, argumentando un «brutal avasallamiento» al derecho a huelga de los trabajadores docentes. En contraste, la Academia Nacional de Educación exhortó a los partidos políticos y candidatos presidenciales, el 5 de junio de 2023, a «declarar la educación en todos los niveles y modalidades como servicio esencial por su trascendencia sobre el futuro de los alumnos»

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su publicación «Principios de la OIT sobre el derecho a la huelga» expresa su postura. El comité no considera a la educación como servicios esenciales, «por tanto, no procede la exclusión del derecho de huelga», expresa el documento de 64 páginas en la edición del año 2000. Argentina adhiere a las normas de la OIT y esto sienta un importante antecedente en el debate del derecho a huelga.

Antecedentes

Existen antecedentes internacionales como el caso de Ecuador, cuando el presidente Rafael Correa impulsó en 2008 un cambio constitucional para limitar la falta de servicios educativos a causa de huelgas. Perú y Uruguay siguieron caminos similares para colocar la educación en la categoría de servicio esencial. Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación del presidente Mauricio Macri y luego diputado de Juntos por el Cambio, impulsó un cambio legislativo en 2022, una ley para declarar la educación como servicio esencial.

Durante la presidencia de Carlos Menen, la provincia de La Rioja declaró los servicios de educación pública como esencial y esto ocurrió en 1991. En 1995, la provincia de Salta también reglamentó que la educación sea considerada un servicio esencial y fue a propósito de un anexo reglamentario del derecho a huelga. Le siguió Neuquén en 2010 y siempre en medio de un debate político causado por prolongadas huelgas.

El decreto del presidente Javier Milei abre viejos debates sobre elevar a la educación a servicio esencial. Las batallas alrededor de épicos debates, si considerar servicio esencial a la educación versus las huelgas docentes, supone que detrás de la intención de prohibir las huelgas docentes es impedir la pérdida de días de clase, con su efecto no positivo en el aprendizaje de los alumnos. Al contrario, el argumento a favor de las huelgas, es que estas permiten mejorar las condiciones laborales de los docentes, suponiendo una repercusión positiva sobre la educación de los estudiantes.

NotiPress/Francisco Vicario