Actualmente, el sistema tarifario residencial en México contempla diferentes escalas según la temperatura promedio registrada en cada región. La Tarifa 1A aplica en zonas donde el termómetro rara vez supera los 25 grados centígrados, mientras que la Tarifa 1F, la más alta dentro de este esquema climático, se activa en regiones con temperaturas de hasta 33 grados centígrados.
La legisladora del PRI argumentó que este modelo resulta insuficiente frente a los nuevos patrones del clima. “Sabemos que hay distintos factores que determinan las tarifas eléctricas, pero también creemos que es necesario actualizar las fórmulas para que reflejen con mayor justicia las condiciones actuales y beneficien especialmente a quienes más lo necesitan”, señaló.
Su propuesta busca reformar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica para facultar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a diseñar mecanismos que integren los efectos de fenómenos climáticos extremos en la estructura tarifaria. El objetivo: evitar que el acceso a la electricidad —considerado un derecho esencial— se convierta en una carga inasequible para millones de familias vulnerables.
Martínez García subrayó que el uso cotidiano de ventiladores, aires acondicionados y otros aparatos indispensables para sobrellevar el calor extremo implica un gasto considerable, especialmente en los hogares de bajos ingresos. “Se trata no sólo de garantizar energía, sino también de proteger la salud y la estabilidad económica de la población”, dijo.
Desde Coahuila, su estado de origen, la diputada advirtió que los eventos climáticos extremos se intensificarán en los próximos años, lo que exige nuevas políticas públicas, incentivos y programas de apoyo capaces de responder a esta realidad. “Es hora de anticiparnos”, concluyó.
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