Con 86 votos a favor y 41 en contra, la votación cerrada subrayó la profunda división política y social que rodea esta propuesta. Con su aprobación, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber superado el último gran obstáculo para una de las reformas más polémicas de su mandato. Pero, ¿qué significa realmente esta reforma para México?
La reforma judicial aprobada implica una transformación sin precedentes en el sistema de justicia mexicano. El cambio más destacado es que los jueces, desde los de la Suprema Corte hasta los de tribunales locales, ya no serán seleccionados por un sistema de nombramientos basado en méritos, sino que serán elegidos por voto popular.
Se eliminarán casi todos los requisitos para postularse, lo que, según los críticos, abre la puerta para que jueces políticamente alineados o sin experiencia judicial lleguen a cargos de gran responsabilidad.
La medida afectará a unos 7,000 jueces en todo el país. Sus defensores, liderados por el presidente López Obrador y el partido Morena, sostienen que la reforma es esencial para acabar con un sistema judicial plagado de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias.
“El poder judicial no tiene remedio, está podrido”, dijo López Obrador a los periodistas hace unos meses, reforzando su promesa de transformar el sistema antes de dejar el cargo.
Para sus detractores, sin embargo, la reforma es un ataque directo a la independencia judicial y una amenaza a la democracia. Algunos críticos han llegado a describirla como un intento de politizar por completo la justicia mexicana.
“El poder judicial será politizado hasta quedar irreconocible”, advirtió Amrit Singh, profesor de derecho en la Universidad de Stanford, en una entrevista reciente.
Antes de la votación del Senado, la reforma había sido aprobada en la Cámara de Diputados en una sesión maratónica que duró más de 16 horas. Durante la discusión, los pasillos del Congreso se llenaron de manifestantes que coreaban consignas contra la reforma, alegando que socavaría la imparcialidad de los jueces y pondría en peligro el estado de derecho en el país.
La aprobación en el Senado, aunque esperada, no fue fácil. Los legisladores de Morena y sus aliados controlan 25 de las 32 legislaturas estatales, pero las tensiones dentro del Congreso eran palpables.
El debate en el Senado comenzó el martes por la noche y se vio interrumpido cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el edificio con megáfonos y banderas mexicanas, exigiendo a los senadores que bloquearan la reforma. Hubo gritos, empujones, e incluso violencia física: un senador de la oposición fue agredido cuando un manifestante le arrojó gasolina en la cara.
La policía finalmente dispersó a los manifestantes utilizando extintores, pero la tensión no disminuyó. En la acalorada sesión que siguió, los legisladores intercambiaron acusaciones de ser “traidores” y “mentirosos”, reflejando la polarización en torno al tema.
La reforma ha provocado una oleada de huelgas y protestas en todo México. Miles de trabajadores judiciales, desde secretarios de juzgados hasta jueces, han salido a las calles, declarando su rechazo total a la propuesta. En ciudades como Monterrey y Guadalajara, las sedes de los tribunales están paralizadas, mientras que en la Ciudad de México, la sede de la Suprema Corte ha sido escenario de manifestaciones masivas.
“¿Dónde deja eso mis 27 años de servicio? Empecé desde abajo”, lamentó Sandra Herrera Benítez, una secretaria judicial en huelga en Monterrey. “Ahora, para ser juez o magistrado hay que ser amigo del presidente o de algún político”.
Las manifestaciones no se han limitado a los trabajadores judiciales. Líderes religiosos, defensores de derechos humanos, estudiantes de derecho y hasta empresarios han expresado su preocupación. Los embajadores de Estados Unidos y Canadá han emitido declaraciones oficiales advirtiendo sobre la posible erosión de la independencia judicial en México, una situación que podría tener consecuencias para las relaciones bilaterales y el comercio.
Incluso la jerarquía de la Iglesia Católica, tradicionalmente silenciosa en temas políticos, ha advertido que la elección de jueces no garantiza una mejor administración de justicia para las víctimas de la violencia.
En respuesta, los líderes de Morena han movilizado a sus bases, presentando la reforma como un acto de justicia social y un paso necesario para democratizar el poder judicial. Según la Asociación de Cámaras de Comercio de México, más de la mitad de los líderes empresariales del país apoyan la propuesta.
Además, encuestas realizadas por Morena sugieren que aproximadamente el 80% de los participantes creen que una reforma del sistema judicial es necesaria. Sin embargo, otras encuestas muestran un escenario distinto: más del 50% de los ciudadanos no están seguros de lo que implica realmente la reforma.
Incluso dentro de la Suprema Corte de Justicia, la máxima autoridad judicial de México, la reforma ha causado divisiones. Mientras que algunos magistrados, como Loretta Ortiz, nombrada por López Obrador y autoproclamada “fundadora de Morena”, apoyan la reforma, otros, como Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, se han pronunciado enérgicamente en contra.
En un mensaje televisado el domingo, Piña denunció la reforma como “un desmantelamiento del poder judicial” y presentó una contrapropuesta que incluye medidas como hacer más transparente la selección de jueces, crear mecanismos disciplinarios independientes y fortalecer los poderes judiciales locales, donde la corrupción es más prevalente. Sin embargo, los analistas sugieren que esta contrapropuesta llegó demasiado tarde.
Con la aprobación en el Senado y el apoyo de 23 congresos estatales, la reforma está más cerca de convertirse en ley. Para ello, necesitaba el respaldo de al menos 17 congresos locales, un umbral que ya ha superado. Esto significa que los votantes podrían comenzar a elegir a miles de jueces federales, estatales y locales tan pronto como el próximo año, algo que no tiene precedentes en la historia de México.
La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el 1 de octubre, ha expresado su total apoyo a la reforma. Sin embargo, expertos legales como Vanessa Romero Rocha advierten que el impacto de esta reforma no se comprenderá completamente hasta dentro de varios años, debido a la falta de precedentes y a la magnitud de los cambios propuestos.
“El principal objetivo del presidente, a mi modo de ver, es destituir a todos los jueces que llevan mucho tiempo y que son profundamente corruptos”, afirma Romero Rocha. Pero otros, como Singh, el profesor de Stanford, temen que la reforma, en lugar de resolver los problemas, pueda exacerbarlos, aumentando la corrupción y reduciendo la imparcialidad judicial.
El debate sobre la reforma judicial en México es más que una simple disputa política; es una batalla por el alma de la nación. Mientras unos ven en esta reforma una oportunidad para modernizar el sistema judicial y hacerlo más accesible y transparente, otros la perciben como una amenaza a la democracia y al estado de derecho.
En cualquier caso, lo que está claro es que la reforma judicial de López Obrador ha polarizado a la sociedad mexicana, dejando a muchos con más preguntas que respuestas.
En las próximas semanas y meses, conforme los congresos estatales terminen de votar, y si finalmente se promulga la reforma, México entrará en un territorio inexplorado, donde las implicaciones de estos cambios solo se harán evidentes con el tiempo.
En este momento, el país se encuentra en un punto de inflexión, en una encrucijada donde se decidirá si la reforma judicial es un paso hacia adelante o un paso en falso en el camino hacia la consolidación de su democracia.
- Este gráfico se modificó por errores de redacción y datos en el número de legisladores del PAN ↩︎
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