En un esfuerzo por acercar el financiamiento climático a los gobiernos estatales y municipales de México, la Comunidad Climática Mexicana (CCM) presentó una nueva herramienta digital diseñada para transformar ideas ambientales en proyectos estructurados, viables y alineados con los estándares de fondos nacionales e internacionales.
El instrumento, gratuito y de libre acceso, está dirigido principalmente a administraciones locales, organismos públicos y consultores independientes que enfrentan crecientes desafíos para hacer frente a los efectos del cambio climático. Su propósito es claro: cerrar la brecha entre la ambición local y el acceso a recursos.
“Los gobiernos subnacionales están en la primera línea de respuesta frente al cambio climático”, explicó Avelina Ruiz, subdirectora de política climática de la Iniciativa Climática de México (ICM). “Pero tienen capacidades limitadas para estructurar proyectos técnicamente sólidos y financieramente viables. A menudo, operan con una baja recaudación fiscal, fondos federales insuficientes y un entorno de incertidumbre jurídica para establecer alianzas público-privadas”.
De acuerdo con estimaciones recientes, México necesitaría invertir alrededor del 7 por ciento de su PIB anual en acción climática, y se calcula que cerca del 80 por ciento de esos recursos debería canalizarse hacia gobiernos locales. Sin embargo, la falta de herramientas técnicas y la escasa coordinación institucional continúan limitando el desarrollo de propuestas robustas.
La herramienta fue desarrollada a partir de un proceso de acompañamiento técnico con doce gobiernos subnacionales, así como consultas con dependencias federales, instituciones financieras, banca de desarrollo y agencias de cooperación internacional.
El proyecto fue coordinado por la CCM, una coalición que agrupa a la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), ICM, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México) y UK Pact México.
“El objetivo es fortalecer la estructura de los proyectos desde el inicio”, explicó Saúl Pereyra, gerente de acción climática de WRI México. “La herramienta impulsa modelos de negocio innovadores, promueve la inclusión social y de género, y permite cuantificar los impactos en reducción de emisiones y adaptación”.
El diseño de la plataforma contó con la participación activa de funcionarios y técnicos de diversas entidades del país, entre ellas Baja California Sur, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, y municipios del Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Yucatán.
A partir de estas experiencias, se elaboró una hoja de ruta práctica con once módulos que orientan a los usuarios en cada etapa del desarrollo de un proyecto, desde el diagnóstico inicial hasta la identificación de fuentes de financiamiento.
“Uno de los mayores retos es traducir la intención climática en una propuesta concreta”, comentó Mónica Díaz, responsable del proyecto en ICM. “Esta herramienta ofrece una guía clara según el sector: energía, transporte, residuos o agricultura. También permite evaluar el grado de avance de cada iniciativa y alinear los objetivos con las metas climáticas nacionales”.
Con esta nueva plataforma, la CCM busca reducir las barreras técnicas que hoy impiden a muchos gobiernos locales acceder a fondos vitales para enfrentar una emergencia que no da tregua. En un contexto donde el tiempo apremia, la capacidad de convertir ideas en acción puede marcar la diferencia.
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