En la presentación del informe, Encinas destacó que la desaparición de los 43 normalistas fue “un crimen de Estado”. Por lo cual, señaló que se fraguó desde lo más alto, el expresidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el pacto para la construcción de la “verdad histórica”.
De acuerdo con el subsecretario, se realizó un esfuerzo por romper el pacto de silencio, logrando integrar al menos 30 testigos más a la investigación. En ese sentido, rechazó que haya solamente un testigo fuente.
Las conclusiones del segundo informe refieren que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado. Las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización y acciones, además de haber realizado omisiones permitiendo la desaparición y ejecución de los estudiantes.
Encinas aseguró que las conclusiones arrojadas por el Segundo Informe indican que los 43 normalistas ya no se encuentran con vida.
Respecto a la verdad histórica, comentó que representa una segunda desaparición de los estudiantes por las omisiones de las autoridades, quienes en todo momento estuvieron informados. Asimismo, puntualizó que hubo manipulación de evidencias, declaraciones bajo tortura y se protegieron a los servidores participantes en los hechos.
Se reconocieron los vínculos entre el grupo criminal Guerreros Unidos con las corporaciones responsables de la seguridad pública. Lo anterior, se respaldó con las intervenciones de vías de comunicación realizadas por la Administración de Control de Drogas (DEA). Tanto militares como policías federales vendían armas y municiones al grupo delictivo.
Todo el informe fue realizado a partir de declaraciones en expedientes de la Fiscalía General de la República, documentos de la Secretaría de la Defensa de la Nación y un levantamiento en campo.
Finalmente, el segundo informe por el caso Ayotzinapa concluyó tres hipótesis sobre el motivo de la desaparición de los 43 estudiantes. Encinas puntualizó que estos podrían no ser excluyentes entre sí.
Una primera hipótesis es una confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de un grupo contrario, Los Rojos, entre los estudiantes de Ayotzinapa. Lo anterior se da en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala, Guerrero.
Como segundo supuesto, es la intención de dar un escarmiento a los estudiantes, como parte de amenazas por parte del alcalde, José Luis Abarca y Guerreros Unidos. Esto, por las protestas y destrozos al palacio municipal por la desaparición y asesinato de tres dirigentes sociales,
La tercera hipótesis se inclina al trasiego de droga y eventual presencia de estupefacientes ilícitos, armas o dinero en algunos de los autobuses tomados por los normalistas.
Al menos, 132 personas se encuentran detenidas por el caso Ayotzinapa y hay 51 órdenes de aprehensión, entre las cuales se encuentra la de Tomás Zerón. Asimismo, el informe señaló que se han realizado a la fecha 138 acciones búsqueda en nueve municipios para encontrar a los estudiantes.
NotiPress/Fernanda Martínez
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