A un año de la desaparición de Irma Galindo Barrios.

Desde noviembre de 2021, EL AMBIENTALISTA ha estado dedicado a mantenerse actualizado con información relacionada con el caso de Irma Galindo.

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Irma Galindo Barrios es originaria de Oaxaca y pertenece a la etnia indígena mixteca. En 2018, comenzó su activismo como defensora de los bosques en su comunidad. Durante su labor, ha denunciado diversos actos de violencia en su contra, incluyendo amenazas e intimidaciones por parte de los propietarios de la zona. Además de luchar por la protección del medio ambiente, ha trabajado increíblemente por defender los derechos de los pueblos indígenas.

La primer desaparición

La primera desaparición de Barrios ocurrió en 2019, debido a un intento de homicidio perpetrado por aquellos que se oponían a su activismo ambiental. Como resultado, su hogar fue incendiado. Esta situación fue la causa de su primera desaparición, aunque fue inicialmente atribuida como una ausencia voluntaria.

La segunda desaparición

La segunda desaparición de Irma Galindo Barrios ocurrió el 27 de octubre de 2021 en la Ciudad de México, después de haber asistido a una reunión con la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Según información recabada por EL AMBIENTALISTA, su último punto de ubicación conocido fue en la estación Barranca del Muerto.

Tras su desaparición el 27 de octubre de 2021, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México abrió dos investigaciones con los folios AF/1345/2021 y AYO/3949/2021. En colaboración con la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, se está trabajando en las investigaciones del paradero de Irma Galindo y de otros 4 miembros de la comunidad.

Aun año sin ella

Este 27 de octubre de 2022 se cumplirá un año desde la desaparición de Irma Galindo Barrios, un año en el que no se han obtenido avances significativos en las investigaciones de su paradero. Según el activista por los derechos indígenas, Maurilio Santiago, no se ha llevado a cabo una investigación efectiva en el caso.

Este mismo año, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente para la localización de Irma Galindo Barrios y otros cuatro indígenas de la región de San Esteban Atlatlahucan: Marco Quiroz Riaño, Donato Bautista Avendaño, Mayolo Quiroz Barrios y Miguel Bautista Avendaño. Todos ellos desaparecieron el 27 de octubre de 2021. Los cuatro hombres desaparecieron en Oaxaca, mientras que Irma desapareció en la Ciudad de México.

Aún no hay información confirmada por parte de las autoridades sobre el paradero de Irma Galindo Barrios y los otros cuatro indígenas de la región de San Esteban Atlatlahucan: Marco Quiroz Riaño, Donato Bautista Avendaño, Mayolo Quiroz Barrios y Miguel Bautista Avendaño, quienes desaparecieron el 27 de octubre de 2021. A pesar de que se han informado de presuntos hallazgos de restos óseos, la Fiscalía de Justicia de Oaxaca no ha dado ninguna confirmación oficial sobre su identidad.

Sobre los desaparecidos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución de medida cautelar el 22 de diciembre de 2021, mediante la Dirección General de Derechos Humanos, con número de resolución 105/2021, en favor de las familias de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji en México. Los solicitantes son representados por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.), y están a cargo de Edith Quiroz Reyes, Carmelita García López, Jerónima Emiliana Avendaño, Cielo Alvarado Bautista, Ranulfo Hernández Bautista y Reyna García Barrios.

El documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En el documento emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con número de resolución 105/2021, se indica que la solicitud presentada por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.), Edith Quiroz Reyes, Carmelita García López, Jerónima Emiliana Avendaño, Cielo Alvarado Bautista, Ranulfo Hernández Bautista y Reyna García Barrios, instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado de México la adopción de medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las 5 personas desaparecidas (Mayolo Quiroz Barrios, Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño y Irma Galindo Barrios) y de las familias desplazadas de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji.

La resolución de la SCJN insta al Estado de México a adoptar medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las cinco personas desaparecidas y de sus familias, quienes se encuentran en una situación de riesgo debido a los actos de violencia y agresiones armadas en el Estado de Oaxaca. Los solicitantes afirman que han recibido amenazas y agresiones por parte de autoridades municipales y representantes agrarios del municipio de San Esteban Atatlahuca, y que en octubre de 2021 comenzaron a desaparecer personas y se encontraron restos humanos que podrían ser de algunas de las personas desaparecidas. La resolución también insta a la CIDH a requerir al Estado de México para adoptar las medidas necesarias para proteger a las familias desplazadas de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y de Ndoyonuyuji.

Además, señalan que la situación de inseguridad en el municipio de San Esteban Atatlahuca sigue siendo preocupante, ya que las amenazas y agresiones continuarían en contra de las personas de las comunidades indígenas, incluyendo a las familias de las personas desaparecidas. Por lo tanto, la medida cautelar emitida por la SCJN busca garantizar la protección de los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias, así como la investigación exhaustiva y la sanción de los responsables de estos actos. La resolución insta al Estado de México a tomar medidas concretas para garantizar la seguridad de las personas afectadas y brindarles la asistencia necesaria.

En resumen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una medida cautelar a través de la Dirección General de Derechos Humanos, en respuesta a una solicitud de apoyo de CEDHAPI A.C. y 6 personas de comunidades indígenas mixtecas en el Estado de Oaxaca. La solicitud pedía protección para 5 personas desaparecidas y las familias desplazadas que habían sufrido actos de violencia y agresiones armadas en octubre de 2021. Según los solicitantes, las personas desaparecidas y sus familias habían recibido amenazas y agresiones de autoridades municipales y representantes agrarios en el pasado, y habían sido negadas ayuda por parte del gobierno estatal. El Estado, por su parte, había indicado que se estaban llevando a cabo esfuerzos para garantizar la paz en el área.

El texto proporcionado describe una situación de violencia y desplazamiento en las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji en el Estado de Oaxaca, México, en la que se han registrado desapariciones y agresiones armadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una resolución de medida cautelar para proteger los derechos de las personas desaparecidas y sus familias, a través de la Dirección General de Derechos Humanos. Los solicitantes alegaron que el Estado no ha brindado apoyo a las familias desplazadas y ha negado los hechos ocurridos. Sin embargo, el Estado ha indicado que las fuerzas de seguridad han realizado acciones para garantizar la paz en la zona. La Secretaría de Gobernación y el Subsecretario de Gobierno han participado en una mesa de diálogo con las autoridades municipales de San Esteban Atlatlahucan, donde se ha señalado que el conflicto es consecuencia de un conflicto con las agencias de Guerrero Grande y Mier y Terán y se acusa a dirigentes del Frente de Resistencia Indígena de ser quienes provocaron el conflicto.

Según el documento emitido por la SCJN, un grupo de personas ha solicitado medidas de protección para 5 personas desaparecidas y las familias desplazadas de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, debido a una serie de actos de violencia y agresiones armadas en el Estado de Oaxaca. Los solicitantes alegaron que las personas desaparecidas se encuentran en una situación de riesgo debido a amenazas y agresiones por parte de autoridades municipales y representantes agrarios, y que han sido desplazadas debido a incendios en sus viviendas. A pesar de haber solicitado ayuda al gobierno del Estado de Oaxaca, se alega que no se ha brindado ningún tipo de apoyo. El Estado ha informado de que se han iniciado investigaciones y acciones de búsqueda para localizar a las personas desaparecidas y se han decretado medidas cautelares para proteger a las comunidades afectadas.

Los solicitantes, las personas propuestas como beneficiarias se encuentran en una situación de riesgo tras una serie de actos de violencia y agresiones armadas en el Estado de Oaxaca, durante el mes de octubre de 2021. Se alega que estas personas han recibido amenazas y agresiones por parte de autoridades municipales y representantes agrarios del municipio de San Esteban Atatlahuca. En el marco de los ataques, señalan que en octubre de 2021, comenzaron a desaparecer personas y se encontraron restos humanos. A pesar de haberse solicitado apoyo al gobierno del Estado de Oaxaca, no se habría brindado a las familias desplazadas de las comunidades indígenas. El Estado ha negado los hechos ocurridos, pero ha iniciado investigaciones y ha implementado medidas cautelares para garantizar la paz. Sin embargo, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa ha desacatado las medidas cautelares y no ha atendido la Acción Urgente emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada.

En exclusiva

A principios de enero de este año, circuló en redes sociales la noticia de un “presunto hallazgo de un cuerpo óseo” que se especulaba pertenecer a Irma Galindo Barrios. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca informó en un comunicado que, mediante evidencias científicas, se descartó que los restos encontrados fueran de ella.

En exclusiva, EL AMBIENTALISTA se comunicó con Aurora, codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, quien desmintió la noticia de la presunta aparición de Irma Galindo. En una entrevista realizada el 20 de enero de 2022, Aurora afirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca había descartado la veracidad de la noticia mediante pruebas científicas.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha proporcionado ninguna actualización sobre el caso de la activista mixteca Irma Galindo Barrios. Según el sistema de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), el nombre de Irma Galindo Barrios aparece en tres fichas de búsqueda: La primera fue registrada el 10 de noviembre de 2019, la segunda el 25 de octubre de 2021 con expediente AF/1345/2021, y la tercera el 16 de noviembre de 2021 con expediente AYO/3949/2021. En el estado de Oaxaca, existe una carpeta de investigación 36988/FMIX/TLAXIACO/2021, en el registro del Agente del Ministerio Público de la Ciudad de Tlaxiaco, en la que se presentó una denuncia por el delito de desaparición de persona de Irma Galindo Barrios.

El equipo de investigación de EL AMBIENTALISTA realizó varias tentativas para obtener información adicional sobre las carpetas de investigación con los números de folio AF/1345/2021 y AYO/3949/2021, pero no obtuvo respuesta por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A pesar de esto, el equipo de EL AMBIENTALISTA seguirá investigando y buscando información adicional en relación al caso.

Marcos Rosas

Es reportero y corresponsal en la zona norte del Estado de México y en la Ciudad de México. Es columnista en Al poniente donde habla de política principalmente. Cuenta con estudios como Técnico en Conservación del Medio Ambiente por el CONALEP, actualmente es estudiante en Ingeniería Ambiental por el TecNM.

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