En un fallo que marca un giro decisivo en uno de los casos más polémicos de criminalización de la protesta social en Puebla, un juez de control determinó este lunes que el activista ambiental Renato Romero Camacho no será vinculado a proceso por los presuntos delitos de despojo agravado y daño en propiedad ajena, relacionados con una protesta por el agua en el municipio de San Miguel Xoxtla.

El fallo, emitido tras una audiencia que duró más de cuatro horas, establece que la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó pruebas suficientes para acreditar la participación directa de Romero en los disturbios ocurridos el 18 de junio frente a instalaciones de Concesiones Integrales, la empresa operadora del servicio de agua en la zona.

“Soy inocente. Nunca cometí ningún delito y hoy lo demostramos”, declaró Romero al salir del recinto judicial, rodeado de familiares, defensores de derechos humanos y habitantes de Xoxtla.

El activista, que había sido detenido el 1 de julio y liberado bajo medidas cautelares días después, recupera ahora su libertad de forma absoluta, sin obligación de firmar ni restricciones de movilidad. Su defensa celebró el fallo como “una victoria de los pueblos que defienden el agua”.

La resolución ocurre en medio de una creciente ola de denuncias sobre la persecución a líderes comunitarios y activistas ambientales en el estado. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han señalado que el caso de Romero “responde a una estrategia sistemática de criminalización”.

Pese al fallo, la Fiscalía de Puebla anunció que apelará la decisión del juez, al considerar que existen elementos para reabrir el caso. La defensa de Romero respondió que se mantendrán firmes ante cualquier intento de revivir un proceso que calificaron como “fabricado” por intereses empresariales.

“Quieren callar a quienes denuncian el despojo del agua. Pero lo que hicieron hoy fue demostrarnos que el pueblo tiene voz y que no se va a detener”, sostuvo Romero.

Romero, de 34 años, es reconocido por su labor en defensa del derecho humano al agua en comunidades afectadas por la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la región. Su detención generó una inmediata ola de indignación nacional e internacional, incluyendo pronunciamientos de Amnistía Internacional y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Con este fallo, el caso Romero se suma a una lista creciente de resoluciones judiciales que terminan por exonerar a activistas, pero no sin antes haber enfrentado procesos prolongados y, en muchos casos, encarcelamientos preventivos.

Información en desarrollo…
El Ambientalista Post continuará monitoreando el avance del proceso de apelación anunciado por la Fiscalía.