En el Golfo de México, comunidades pesqueras implementaron Zonas de Refugio Pesquero (ZRP) para restaurar especies en riesgo y frenar la pesca furtiva. Una de las más importantes es la de Celestún, Yucatán, establecida en 2019 con una extensión de 324 kilómetros cuadrados. Esta iniciativa es impulsada por pescadores con apoyo del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), la asociación Comunidad y Biodiversidad (COBI) y el Grupo comunitario de monitoreo submarino de las costas de Yucatán.

A través del monitoreo de estas zonas, se puede evaluar la recuperación de especies como el mero rojo (Epinephelus morio), la langosta del Caribe (Panulirus argus), el pulpo rojo (Octopus maya) y el pepino de mar (Isostichopus badionotus), cuya pesca está prohibida permanentemente. Esta metodología combina saberes tradicionales con técnicas científicas para regenerar los ecosistemas marinos.

Pesca ilegal y sobreexplotación en México

Según la Carta Nacional Pesquera del IMIPAS, el 17% de las pesquerías en México están deterioradas y el 62% se explotan al máximo sostenible. Oceana identificó que «34% de las pesquerías están en malas condiciones», según Esteban García Peña, coordinador de investigaciones y política pública de la organización.

En México, la pesca furtiva representa el 40% de las capturas. Esta cifre duplica el promedio mundial del 20%, según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

La sobrepesca del pepino de mar en Celestún ilustra el impacto de la explotación descontrolada en los ecosistemas marinos. Debido a su alta demanda en Asia, su captura descontrolada agotó la población, lo que obligó a los pescadores a solicitar una ZRP para evitar su desaparición.

El fundador del refugio, Leonardo Pech, recuerda que el abuso de la pesca afectó varias especies. «Se buceó el callo hasta que se gastó», afirma sobre la sobreexplotación del caracol.

Retos y avances en la conservación

Las ZRP dependen de la vigilancia comunitaria, pues no reciben financiamiento gubernamental. Desde 2019, México no asigna presupuesto federal al ordenamiento pesquero. En 2023, solo se realizaron 332 patrullajes marítimos y 99 terrestres, las cifras más bajas en 15 años, según Oceana.

Josué Canul, presidente del refugio de Celestún, admite que su perspectiva cambió con el tiempo. «Fui uno de los más grandes depredadores«, dice sobre su pasado como pescador furtivo. Al inicio se oponía al proyecto, pero tras asistir a reuniones, entendió la importancia de conservar el área.

Para mantener el refugio, los pescadores desarrollaron proyectos como jaulas de maricultura y el uso de motores eléctricos, con apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD. Investigaciones de COBI demostraron que estas estrategias generan resultados. En la isla Natividad, Baja California, tras diez años de protección, la pesca de langosta mejoró en los límites del área resguardada.

Nancy Gocher, directora de Incidencia en Oceana, señaló a WIRED que la recuperación de pesquerías debe ser una prioridad del gobierno. «Falta establecer ese proceso de la mano del sector pesquero y sin dejar de lado la ciencia». Ante la falta de avances legislativos, Oceana promueve una iniciativa para que el Estado asuma esta responsabilidad.

NotiPress/Martín Olivera