Por meses, Alicia Bárcena, la destacada exdiplomática y titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ha sido vista como una figura clave para enfrentar los desafíos medioambientales del país. Sin embargo, recientes controversias, incluido un fallo judicial histórico sobre la sobreexplotación de un acuíféro esencial, amenazan con poner fin a su mandato en medio de acusaciones de inacción y negligencia.
En una decisión sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un amparo a favor de las organizaciones ambientales ProDeNazas y Desarrollo Cardenista para El Campo Lagunero. El tribunal declaró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la SEMARNAT habían sido omisas en su deber de proteger el acuíféro de la Comarca Lagunera, una región que enfrenta un colapso ambiental debido a la sobreexplotación de sus recursos hídricos.
El ministro ponente, Juan Luis González Carrancá, no escatimó palabras al señalar que esta crisis es “resultado directo de la inacción de las autoridades responsables”. Según datos oficiales de la Conagua de 2020, la recarga anual del acuíféro principal de la región es de 534.1 millones de metros cúbicos, mientras que la extracción asciende a 683.1 millones, generando un déficit alarmante de 149 millones de metros cúbicos.
La resolución ordena a las autoridades detener la emisión de nuevas concesiones de agua y adoptar medidas urgentes para restaurar el equilibrio del acuífero. Esta decisión marca un hito en la defensa del derecho humano al agua y establece un precedente legal que podría influir en la gestión de recursos hídricos a nivel nacional.
El fallo llega en un momento crítico para la SEMARNAT, liderada por Alicia Bárcena, quien ya enfrenta una creciente presión política debido a otros escándalos, incluida una reciente controversia por el uso indebido del Museo Nacional de Arte (Munal) para un evento privado. Aunque Bárcena ha negado tener conocimiento previo del propósito del evento, su presencia en él ha sido vista como un error significativo que ha alimentado las críticas hacia su gestión.
El recorte presupuestal del 36% para la SEMARNAT en 2025 también ha intensificado las dificultades de la dependencia. Programas esenciales, como el saneamiento de ríos y la restauración de manglares, están en peligro, y las dudas sobre la capacidad de la secretaría para enfrentar los desafíos ambientales del país siguen creciendo.
Mientras organizaciones ambientales celebran el fallo de la SCJN como un triunfo histórico, sectores del gobierno han expresado preocupación por las implicaciones prácticas de implementar las medidas ordenadas. “Esto no solo exige recursos que actualmente no tenemos, sino también un cambio radical en la política hídrica nacional”, comentó un funcionario bajo condición de anonimato.
Por su parte, Bárcena ha declarado estar comprometida con el cumplimiento del fallo y trabajará para garantizar una gestión sustentable del agua en la Comarca Lagunera. Sin embargo, sus críticos argumentan que esta postura llega demasiado tarde y que su administración ha fallado en abordar la crisis de manera preventiva.
A medida que la presión aumenta, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema político. Aunque ha expresado su respaldo público hacia Bárcena, también sabe que mantenerla en su puesto podría tener un costo político significativo. La decisión sobre el futuro de Bárcena podría redefinir la percepción de su administración respecto a la transparencia y la responsabilidad ambiental.
El fallo de la SCJN y las controversias que rodean a Alicia Bárcena plantean una pregunta esencial: ¿puede la SEMARNAT permitirse un cambio de liderazgo en un momento tan crítico para el medio ambiente en México? Mientras tanto, las comunidades afectadas por la crisis hídrica esperan que las promesas de cambio no se queden en el papel, y que esta decisión judicial marque el inicio de una nueva era en la gestión de los recursos naturales del país.
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