En relación con el Día Internacional del Agua, la Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado a los entes nacionales, departamentales y locales para asegurar el suministro efectivo de agua en Colombia. Esto tras identificar, con base en el índice de Calidad de Agua para el Consumo Humano (IANC), que en 2023 habitantes de más de 148 municipios consumieron agua con inviabilidad sanitaria o alto riesgo para la salud. Por lo cual, exhortan a alcaldes a atender los criterios de calidad, disponibilidad y accesibilidad de agua desarrollando estrategias de suministro.
De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, más de 534 mil personas ubicadas en los cascos urbanos y otras 799 mil que habitan en las zonas rurales consumieron agua con inviabilidad sanitaria. Esto, considera la entidad, expuso a dicha población a una serie de vulneraciones de sus derechos fundamentales, como el suministro efectivo de agua, bajo criterios de calidad.
Los datos del índice de Calidad del Agua identificaron las regiones con los casos de consumo de agua con inviabilidad sanitaria más graves. Estos fueron, Zaragoza (Antioquia), Puerto Asís (Putumayo), Ricaurte, Olaya, Herrera, El Peñol y Samaniego (Nariño). Aunado a ello, la Defensoría denunció que durante 2023, las autoridades sanitarias no evaluaron la calidad del recurso hídrico en 758 municipios, incluyendo 693 jurisdicciones legales, cinco cascos conurbados y 60 cabeceras municipales.
Por otra parte, la entidad expresó su consternación en torno al problema de la disponibilidad de agua en Colombia. “Los caudales concesionados no son suficientes, en otros casos, la pérdida de agua tratada de los sistemas de distribución está por encima de los estándares del IANC”, detallan. Además, informan que según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, el fenómeno El Niño provocó desabastecimiento de agua en 271 municipios.
La Defensoría del Pueblo argumenta, el problema de accesibilidad de agua se deriva de la baja cobertura de infraestructura en zonas rurales. Por lo cual, exigen a las autoridades municipales fortalecer los servicios de agua potable a través de medios alternos. Esto mediante la inversión recursos en el diseño de programas específicos para mejorar dicha infraestructura, involucrando a los habitantes en la toma de decisiones y evaluación de tecnologías apropiadas.
“El acceso al agua no solo es una necesidad básica, es un derecho esencial para el desarrollo económico de las entidades”, señala la Defensoría para remarcar la importancia de garantizar la gestión sostenible de agua, así como la protección de fuentes hídricas.
NotiPress/Juan Manuel Flores
Descubre más desde El Ambientalista Post
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.