Cuatro detenidos por cobro de coimas, uno bajo defensa en libertad y tres bajo investigación. Dos empresas son objeto de sospecha por presunto lavado de dinero. Falta de información por parte de la Fiscalía durante un mes en el caso.
La red de corrupción que operó en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua entre 2021 y 2023 involucra a aproximadamente ocho exfuncionarios, así como a familiares de los principales implicados, personas particulares al tanto de los actos ilícitos y otros individuos que habrían participado en el “lavado” del dinero obtenido de sobornos millonarios para la adjudicación de contratos públicos. También se mencionan dos empresas que habrían desviado fondos.
Según el abogado Abel Loma, defensor de Claudia Cortez, quien recolectaba los sobornos, los involucrados detenidos hasta el momento son: Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente; Carmelo Valda, exviceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico; Jhonny Alexander Santos Sánchez, funcionario de Senasag y sobrino de Santos; y Rosa Viviana Bautista, ex Técnico de Planillas en el Ministerio de Medio Ambiente.
Además de estos, según la denuncia de Cortez, se sospecha de la participación de dos exdirectores generales, uno identificado como Ricardo Alejandro B. del C., y otro cuyo nombre aún no ha sido revelado. También se investiga a una exjefa de unidad y a un exfuncionario técnico de elaboración de proyectos.
Otro implicado mencionado es Eber Rojas, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), acusado por Cortez de recibir $us 10,000 y Bs 30,000 en su oficina. Sin embargo, Rojas niega estas acusaciones y planea presentar una demanda penal contra la principal denunciante.
En cuanto a los allegados de los implicados, se incluye al cuñado y a dos sobrinas de Santos Cruz, así como a funcionarios, policías y personas particulares. Se han identificado alrededor de 60 cuentas bancarias utilizadas en un intento de “blanquear” el dinero. Algunas de estas personas involucradas afirman que desconocían la procedencia de los depósitos.
El caso de los sobornos millonarios en el Ministerio de Medio Ambiente salió a la luz en marzo de este año cuando el diputado Gualberto Arispe (MAS) presentó detalles de una denuncia anónima que implicaba a Juan Santos Cruz en cobros irregulares a empresas que obtenían contratos. En mayo, el viceministerio de Transparencia presentó una demanda penal contra Jhonny Santos y Viviana Bautista luego de analizar sus movimientos bancarios desde enero.
De acuerdo con la denuncia de Claudia Cortez, Santos exigía el 3% de “comisión” a las empresas interesadas en ganar licitaciones. Los pagos se realizaban en efectivo y se entregaban en la oficina del exministro, ubicada en el piso 18 de la Casa Grande del Pueblo.
La situación se complica debido a que el dinero utilizado para las obras provenía de financiamiento internacional, lo que aumenta la deuda externa del Estado. Hasta ahora, no se han revelado las constructoras ni los propietarios implicados.
La falta de informes actualizados de la Fiscalía sobre los avances del caso
ha generado preocupación. El fiscal Freddy Alborta, miembro de la comisión de investigación, tenía prevista una conferencia de prensa, pero se suspendió debido a una “audiencia de juicio”. Tanto Santos como Bautista, y otras partes involucradas, han señalado que en el sistema digital del Ministerio Público no está disponible el expediente completo de las investigaciones.
Como respuesta a este y otros hechos de corrupción, el presidente Luis Arce ha presentado un proyecto de ley para crear un sistema de riesgos destinado a prevenir y combatir la corrupción. Sin embargo, los exministros Carlos Romero y Teresa Morales han considerado esta medida innecesaria, llegando incluso a calificar al actual gobierno como “el más corrupto de la historia de Bolivia”.
En relación a las empresas cuestionadas, el exdirector de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ricardo A. B. del C., ha sido identificado como implicado en el caso de sobornos, habiendo acumulado una fortuna de Bs 1,236,941 entre 2021 y 2022, precisamente durante su empleo en el mencionado ministerio.
Las autoridades han investigado los bienes de Ricardo A.B. del C., comparándolos con su declaración jurada de bienes presentada ante la Contraloría, y descubrieron que, además de ser funcionario público, también era un empresario privado con dos emprendimientos que no había informado: Zisary Producciones y Seven Staff-Scorpio, una empresa de seguridad.
Un informe del Viceministerio de Transparencia señala que los ingresos económicos declarados por la empresa Seven Staff-Scorpio durante cuatro gestiones fueron de Bs 214,723, lo cual es inconsistente con lo declarado por el exfuncionario.
Se sospecha que estas dos empresas fueron utilizadas por el exdirector para “justificar” el dinero de los sobornos. Claudia Cortez ha señalado que el investigado le proporcionaba los números de las empresas constructoras para iniciar las “negociaciones”.
El viceministerio ha solicitado en dos ocasiones ampliar las denuncias contra el exdirector y también su detención, pero hasta el momento el implicado ya ha declarado y se encuentra en libertad. En mayo, se tomaron declaraciones de 15 personas, incluida la declaración de Ricardo B.
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